lunes, 22 de agosto de 2011

COMO HACER REPÚBLICA EN EL SIGLO XXI




Sebastian Jans

Cuando se hace representación de Chile en los foros e instancias internacionales, se le identifica como “República de Chile” y ello se ha convertido en un lugar común para todos los chilenos, y cuando le preguntamos a cualquier chileno con un mínimo de formación política, porqué Chile es una república, nos dirá que porque no tenemos rey sino presidente. Es que de alguna manera, quedó en la memoria aquello del movimiento independentista, que surgió bajo la impronta de liberar a los pueblos latinoamericanos de una España realista.

Por cierto, esa definición sustentada en aquel factor subyacente no lo dice todo, aun cuando en su momento lo comprendió todo. No lo dice todo, porque, más allá del uso que se puede hacer de la historia con fines políticos en el tiempo presente, la verdad es que quienes le dieron contenidos al movimiento independentista, tenían una comprensión mucho más profunda que solo independizar a los países latinoamericanos del yugo de un rey europeo.

Bajo el influjo del iluminismo y las ideas de emancipación espiritual del siglo XVIII, la generación que protagonizó el movimiento independentista, referenciaron su ideal republicano en la experiencia griega, especialmente en lo que hizo Atenas como forma de organizar su sistema político.

Objetivamente, entre los líderes de la Independencia hubo algunos que profundizaron muy ampliamente el concepto republicano, entre los cuales creo que podemos destacar a nuestro O´Higgins y al uruguayo Artigas, por poner dos nombres cercanos. Es así como, el surgimiento de América como continente independiente, se hace en el contexto de su opción republicana. Y quienes representaron ese impulso hacia el futuro lo hicieron consolidando ese camino de un modo decidido, aun cuando muchos, demasiados tal vez, nunca entendieron su definición y sepultaron el republicanismo a través de oligarquías, dictaduras y cuartelazos.

La búsqueda del modelo político adecuado de los movimientos ilustrados e democráticos transformaron el modelo griego en el paradigma, con todos los elementos subjetivos que ello podía traer en la interpretación y en la aplicación de un modelo que ocurrió con más de dos mil años de diferencia de por medio. Pero, así fue y así se construye la historia de la gran mayoría de nuestras naciones latinoamericanas, en el intento y en los logros reversibles e irreversibles, avanzando hacia una idea de república que no siempre se sostiene en el tiempo.

Entonces, cuando avanzamos en la definición de los sistemas políticos, y profundizamos en la trayectoria de la evolución institucional, por cierto encontramos que una buena parte de nuestra historia latinoamericana ha estado lejos de acercarse a un ideal republicano. Concretamente, las dictaduras no han hecho sino negarlo, como lo ha negado el autoritarismo y el conservadurismo oligárquico cada vez que han estado en el poder. Porque cuando hablamos de república lo que estamos diciendo es que existe un sistema político, donde el pueblo o la gente de un territorio funda y delega su soberanía en un grupo de personas e instituciones, que actúan para desarrollar un sistema de convivencia reconocido y aplicado por todos, a través de la ley.

La igualdad ante la ley y los derechos que de allí se desprenden, la obediencia de los gobernantes y de los mandatados en las distintas instancias, el conocimiento público de los actos de los mandatados, la existencia de poderes públicos separados para ejercer sus roles dentro del sistema político, los sistemas de representación sobre la base de periodos específicamente acotados, su generación popular, etc. son aspectos determinantes en la existencia republicana.

Pero, por sobre todo, lo que determina la existencia de una república es el ejercicio de la ciudadanía, es decir, de personas con autonomía capaces de decidir en los actos de delegación de representación y en la constitución de opinión pública verificable en las formas de decisión que contempla la ley.

De ese modo, para hacer posible el adecuado funcionamiento de una república se requiere de la democracia, es decir de la praxis que hace posible que el gobierno sea del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Sin democracia no hay ejercicio de opinión, ni validación representacional en el uso del poder por parte de los mandatados. Esto reitera el rol de la ciudadanía en una dimensión determinante.

Tenemos entonces, que una república existe en la medida que hay ciudadanos que ejercen sus derechos y su potestad, en los procesos de decisión y estructuración de los derechos y deberes en un territorio de su jurisdicción. Y, para que ello se realice de un modo efectivo, se requiere de un ejercicio democrático, donde se expresen las opiniones de mayorías y minorías, para determinar las decisiones que correspondan frente a las alternativas que señalan el rumbo de la sociedad republicana.

Del modelo griego hasta nuestros días, la idea de república ha ido evolucionando y siendo sometida a nuevos desafíos. Tanto así que nuestra sociedad actual ha estado sometida a tensiones que tienen que ver precisamente con la comprensión que tienen quienes ejercen el poder delegado por el pueblo, sobre el rol que les compete y la forma como hacen efectivo ese mandato. Ello, a pesar de que hoy día existen instrumentos que permiten conocer cotidianamente el pensamiento del pueblo.

Es así que es común que los gobiernos, para imponer su criterio, señalen que su misión es cumplir el programa que el pueblo votó cuando lo eligieron, pero no consideran que el pueblo puede cambiar de opinión, y se produce la contradicción entre lo que alguna vez el pueblo aprobó y lo que luego rechaza. Si las personas cambian de opinión, es dable admitir que las comunidades también cambien de criterio. De este modo se produce la permanente contradicción entre el que ejerce la ciudadanía y el que ejerce el poder en forma delegada, especialmente cuando hay diferencia de opinión sobre temas relevantes y de interés de la comunidad.

Esto es lo que permite reconocer las tensiones que se manifiestan en la sociedad chilena de hoy, y que tienen que ver precisamente con la distancia entre el interés ciudadano y el ejercicio del poder y el rol de los mandatados. Es lo que da cuenta de la enorme cantidad de personas que reprueban a los bloques políticos existentes, que rechazan al gobierno y a la oposición, y el desprestigio que mantiene a la actividad política con bajo nivel de aprobación de la gente, es decir, de los ciudadanos.

Ello se agrava cuando los mandatados no consideran a los ciudadanos en tanto tales, sino que le asignan otros roles, lo cual trae consigo un conjunto de distorsiones contrarias a las cualidades republicanas. Dentro de la lógica de sus visiones segmentarias, se habla de “consumidores”, se les asigna condición de “usuarios”, de “clientes”, de “gente”, de sectores de interés, de grupos de presión, pero no de mandantes republicanos, es decir, de ciudadanos. No faltan los que asumen roles paternalistas y consideran que deben preocuparse de los más pobres y los más desvalidos, como una señal de preocupación por el pueblo, pero hacen lo que se les viene en gana para imponer sus políticas e intereses particulares por sobre el interés general.

La clave, entonces, para hacer república es asumir el mandato del pueblo, no solo como resultado de las elecciones, sino en cuanto a lo que implica cotidianamente abordar el deseo e interés del pueblo en el ejercicio del mandato que les corresponde cumplir por el periodo determinado por la ley. Esa es la forma determinante de hacer efectivamente república en el siglo XXI.

Publicado por el Centro de Estudios Laicos, el 07 de agosto de 2011

Un espacio público laicizado



Danny Monsálvez Araneda

Dos perspectivas de análisis nos permite exponer el proyecto de ley “Acuerdo de Vida en Pareja”, por una parte, la “tensión” generada al interior del oficialismo, ya que “trastoca” determinadas sensibilidades valóricas de aquellos sectores más conservadores, sus redes de pensamiento y la propia Iglesia Católica, al punto de señalar que el proyecto es un “matrimonio homosexual encubierto, “que le hace mal a la sociedad y al país". O bien, (re)afirmar la respectiva crítica al relativismo; sin embargo, como señaló José Comblin “el relativismo es la actitud de los que no aceptan incondicionalmente todo lo que viene de Roma”.
Estos sectores de una u otra forma intentan mantener aquella imbricación entre la esfera de la religiosidad y la esfera de lo público, entre cristianismo y republicanismo. Como señala Norbert Lechner conciben un orden equivalente a una sociedad surcada en todos los niveles por estructuras de autoridad: “familia, corporaciones gremiales, asociaciones locales, poderes provinciales, un sistema de clases sociales sostenido por vigorosas creencias religiosas que encauzan y disciplinan a hombres apasionados, egoístas y rebeldes”. Sin duda, tienen todo el derecho a mantener su punto de vista y transmitirlos a sus hijos, pero no es correcto que sus preferencias personales sobre temas sexuales o valóricos pretendan conducir la intimidad de los otros.
Una segunda lectura y más significativa, se relaciona con el tipo de sociedad que queremos construir y el rol que debe y tiene que asumir un Estado al legislar sobre determinadas materias tan elementales como mayores derechos e igualdad ante la ley de las personas, y que apuntan a perfeccionar y profundizar nuestra democrática. En ese sentido, este proyecto, nos plantea una pregunta de fondo ¿Un gobierno debería inspirarse en determinadas creencias (religiosas) para legislar respecto a temas valóricos o sexuales?, sin duda que no. En este caso la Iglesia Católica y aquellos sectores más conservadores, no pueden pedirle al Estado (laico) que inculque o canalice sus políticas sexuales o valóricas, ya que en un Estado laico, el hombre y la sociedad es independiente de toda influencia religiosa, donde éstas pertenecen por esencia a la esfera privada de los sujetos. Como apunta Leonardo Boff “La Iglesia no puede imponer su pensamiento a una sociedad democrática. Podrá hacerlos a sus fieles, pero no a toda la población”.
Entonces, la sociedad, los sujetos avanzan, progresan, se construyen, ganan en individuación (autonomía) y con ello se van emancipando de aquella moral religiosa cristiana tradicionalista y castigadora que algunos pretenden seguir imponiendo, a través de sus elites y redes sociales (poder).
Por ello, la lucha por grandes cambios y mayor progreso social, permitirá -más temprano que tarde- una “construcción social de la realidad” libre de todos aquellos dogmatismos y fundamentalismo que aun persisten alojados en nuestro país.

Columna en Diario El Sur, domingo 21 de agosto de 2011