COMO HACER REPÚBLICA EN EL SIGLO XXI

Sebastian Jans

Cuando se hace representación de Chile en los foros e instancias internacionales, se le identifica como “República de Chile” y ello se ha convertido en un lugar común para todos los chilenos, y cuando le preguntamos a cualquier chileno con un mínimo de formación política, porqué Chile es una república, nos dirá que porque no tenemos rey sino presidente. Es que de alguna manera, quedó en la memoria aquello del movimiento independentista, que surgió bajo la impronta de liberar a los pueblos latinoamericanos de una España realista.

Por cierto, esa definición sustentada en aquel factor subyacente no lo dice todo, aun cuando en su momento lo comprendió todo. No lo dice todo, porque, más allá del uso que se puede hacer de la historia con fines políticos en el tiempo presente, la verdad es que quienes le dieron contenidos al movimiento independentista, tenían una comprensión mucho más profunda que solo independizar a los países latinoamericanos del yugo de un rey europeo.

Bajo el influjo del iluminismo y las ideas de emancipación espiritual del siglo XVIII, la generación que protagonizó el movimiento independentista, referenciaron su ideal republicano en la experiencia griega, especialmente en lo que hizo Atenas como forma de organizar su sistema político.

Objetivamente, entre los líderes de la Independencia hubo algunos que profundizaron muy ampliamente el concepto republicano, entre los cuales creo que podemos destacar a nuestro O´Higgins y al uruguayo Artigas, por poner dos nombres cercanos. Es así como, el surgimiento de América como continente independiente, se hace en el contexto de su opción republicana. Y quienes representaron ese impulso hacia el futuro lo hicieron consolidando ese camino de un modo decidido, aun cuando muchos, demasiados tal vez, nunca entendieron su definición y sepultaron el republicanismo a través de oligarquías, dictaduras y cuartelazos.

La búsqueda del modelo político adecuado de los movimientos ilustrados e democráticos transformaron el modelo griego en el paradigma, con todos los elementos subjetivos que ello podía traer en la interpretación y en la aplicación de un modelo que ocurrió con más de dos mil años de diferencia de por medio. Pero, así fue y así se construye la historia de la gran mayoría de nuestras naciones latinoamericanas, en el intento y en los logros reversibles e irreversibles, avanzando hacia una idea de república que no siempre se sostiene en el tiempo.

Entonces, cuando avanzamos en la definición de los sistemas políticos, y profundizamos en la trayectoria de la evolución institucional, por cierto encontramos que una buena parte de nuestra historia latinoamericana ha estado lejos de acercarse a un ideal republicano. Concretamente, las dictaduras no han hecho sino negarlo, como lo ha negado el autoritarismo y el conservadurismo oligárquico cada vez que han estado en el poder. Porque cuando hablamos de república lo que estamos diciendo es que existe un sistema político, donde el pueblo o la gente de un territorio funda y delega su soberanía en un grupo de personas e instituciones, que actúan para desarrollar un sistema de convivencia reconocido y aplicado por todos, a través de la ley.

La igualdad ante la ley y los derechos que de allí se desprenden, la obediencia de los gobernantes y de los mandatados en las distintas instancias, el conocimiento público de los actos de los mandatados, la existencia de poderes públicos separados para ejercer sus roles dentro del sistema político, los sistemas de representación sobre la base de periodos específicamente acotados, su generación popular, etc. son aspectos determinantes en la existencia republicana.

Pero, por sobre todo, lo que determina la existencia de una república es el ejercicio de la ciudadanía, es decir, de personas con autonomía capaces de decidir en los actos de delegación de representación y en la constitución de opinión pública verificable en las formas de decisión que contempla la ley.

De ese modo, para hacer posible el adecuado funcionamiento de una república se requiere de la democracia, es decir de la praxis que hace posible que el gobierno sea del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Sin democracia no hay ejercicio de opinión, ni validación representacional en el uso del poder por parte de los mandatados. Esto reitera el rol de la ciudadanía en una dimensión determinante.

Tenemos entonces, que una república existe en la medida que hay ciudadanos que ejercen sus derechos y su potestad, en los procesos de decisión y estructuración de los derechos y deberes en un territorio de su jurisdicción. Y, para que ello se realice de un modo efectivo, se requiere de un ejercicio democrático, donde se expresen las opiniones de mayorías y minorías, para determinar las decisiones que correspondan frente a las alternativas que señalan el rumbo de la sociedad republicana.

Del modelo griego hasta nuestros días, la idea de república ha ido evolucionando y siendo sometida a nuevos desafíos. Tanto así que nuestra sociedad actual ha estado sometida a tensiones que tienen que ver precisamente con la comprensión que tienen quienes ejercen el poder delegado por el pueblo, sobre el rol que les compete y la forma como hacen efectivo ese mandato. Ello, a pesar de que hoy día existen instrumentos que permiten conocer cotidianamente el pensamiento del pueblo.

Es así que es común que los gobiernos, para imponer su criterio, señalen que su misión es cumplir el programa que el pueblo votó cuando lo eligieron, pero no consideran que el pueblo puede cambiar de opinión, y se produce la contradicción entre lo que alguna vez el pueblo aprobó y lo que luego rechaza. Si las personas cambian de opinión, es dable admitir que las comunidades también cambien de criterio. De este modo se produce la permanente contradicción entre el que ejerce la ciudadanía y el que ejerce el poder en forma delegada, especialmente cuando hay diferencia de opinión sobre temas relevantes y de interés de la comunidad.

Esto es lo que permite reconocer las tensiones que se manifiestan en la sociedad chilena de hoy, y que tienen que ver precisamente con la distancia entre el interés ciudadano y el ejercicio del poder y el rol de los mandatados. Es lo que da cuenta de la enorme cantidad de personas que reprueban a los bloques políticos existentes, que rechazan al gobierno y a la oposición, y el desprestigio que mantiene a la actividad política con bajo nivel de aprobación de la gente, es decir, de los ciudadanos.

Ello se agrava cuando los mandatados no consideran a los ciudadanos en tanto tales, sino que le asignan otros roles, lo cual trae consigo un conjunto de distorsiones contrarias a las cualidades republicanas. Dentro de la lógica de sus visiones segmentarias, se habla de “consumidores”, se les asigna condición de “usuarios”, de “clientes”, de “gente”, de sectores de interés, de grupos de presión, pero no de mandantes republicanos, es decir, de ciudadanos. No faltan los que asumen roles paternalistas y consideran que deben preocuparse de los más pobres y los más desvalidos, como una señal de preocupación por el pueblo, pero hacen lo que se les viene en gana para imponer sus políticas e intereses particulares por sobre el interés general.

La clave, entonces, para hacer república es asumir el mandato del pueblo, no solo como resultado de las elecciones, sino en cuanto a lo que implica cotidianamente abordar el deseo e interés del pueblo en el ejercicio del mandato que les corresponde cumplir por el periodo determinado por la ley. Esa es la forma determinante de hacer efectivamente república en el siglo XXI.

Publicado por el Centro de Estudios Laicos, el 07 de agosto de 2011

Un espacio público laicizado

Danny Monsálvez Araneda

Dos perspectivas de análisis nos permite exponer el proyecto de ley “Acuerdo de Vida en Pareja”, por una parte, la “tensión” generada al interior del oficialismo, ya que “trastoca” determinadas sensibilidades valóricas de aquellos sectores más conservadores, sus redes de pensamiento y la propia Iglesia Católica, al punto de señalar que el proyecto es un “matrimonio homosexual encubierto, “que le hace mal a la sociedad y al país". O bien, (re)afirmar la respectiva crítica al relativismo; sin embargo, como señaló José Comblin “el relativismo es la actitud de los que no aceptan incondicionalmente todo lo que viene de Roma”.
Estos sectores de una u otra forma intentan mantener aquella imbricación entre la esfera de la religiosidad y la esfera de lo público, entre cristianismo y republicanismo. Como señala Norbert Lechner conciben un orden equivalente a una sociedad surcada en todos los niveles por estructuras de autoridad: “familia, corporaciones gremiales, asociaciones locales, poderes provinciales, un sistema de clases sociales sostenido por vigorosas creencias religiosas que encauzan y disciplinan a hombres apasionados, egoístas y rebeldes”. Sin duda, tienen todo el derecho a mantener su punto de vista y transmitirlos a sus hijos, pero no es correcto que sus preferencias personales sobre temas sexuales o valóricos pretendan conducir la intimidad de los otros.
Una segunda lectura y más significativa, se relaciona con el tipo de sociedad que queremos construir y el rol que debe y tiene que asumir un Estado al legislar sobre determinadas materias tan elementales como mayores derechos e igualdad ante la ley de las personas, y que apuntan a perfeccionar y profundizar nuestra democrática. En ese sentido, este proyecto, nos plantea una pregunta de fondo ¿Un gobierno debería inspirarse en determinadas creencias (religiosas) para legislar respecto a temas valóricos o sexuales?, sin duda que no. En este caso la Iglesia Católica y aquellos sectores más conservadores, no pueden pedirle al Estado (laico) que inculque o canalice sus políticas sexuales o valóricas, ya que en un Estado laico, el hombre y la sociedad es independiente de toda influencia religiosa, donde éstas pertenecen por esencia a la esfera privada de los sujetos. Como apunta Leonardo Boff “La Iglesia no puede imponer su pensamiento a una sociedad democrática. Podrá hacerlos a sus fieles, pero no a toda la población”.
Entonces, la sociedad, los sujetos avanzan, progresan, se construyen, ganan en individuación (autonomía) y con ello se van emancipando de aquella moral religiosa cristiana tradicionalista y castigadora que algunos pretenden seguir imponiendo, a través de sus elites y redes sociales (poder).
Por ello, la lucha por grandes cambios y mayor progreso social, permitirá -más temprano que tarde- una “construcción social de la realidad” libre de todos aquellos dogmatismos y fundamentalismo que aun persisten alojados en nuestro país.

Columna en Diario El Sur, domingo 21 de agosto de 2011

El ciudadano: uno igual, pero rodeado de desiguales

Prof. Danny Monsalvez

Hilda Sabato tiene un interesante trabajo sobre “Ciudadanía política y formación de las naciones en América Latina” (1999). Allí analiza la constitución de ciudadanía política durante el siglo XIX y comienzos del XX; cómo se construyeron las comunidades políticas, se organizó, sostuvo y reprodujo el poder político.
Uno de los aspectos a destacar es que la conquista de libertades y derechos civiles no es incompatible con la persistencia de desigualdades sociales; es decir, aquella tensión entre libertad e igualdad que se refleja en el ejercicio de los derechos ciudadanos.
La categoría de ciudadano en su forma inicial era campo de privilegios, vínculos corporativos, jerarquías, adscritos espacialmente (ciudad), con una imbricación entre la esfera religiosa y pública, entre cristianismo y republicanismo, lo que podemos denominar la “sacralizad” de lo público.
Con el transcurrir de las décadas aquello se fue perfeccionando, por ejemplo con el derecho a sufragio de todas las personas (incluyendo analfabetos). Aquella relación un hombre un voto fue vista y asumida como condición de igualdad entre sujetos. Sin embargo, al día de hoy, los ciudadanos siguen tropezando con ciertos obstáculos para el ejercicio de sus derechos y practica de sus deberes: engranajes caciquiles, clientelismo, violencia y coacción efectiva contra los electores, limitaciones en las opciones, discriminación entre ciudadanos activos y pasivos, entre electores y elegidos, mecanismos de financiamiento de campañas, etc., lo anterior nos lleva a señalar que la democracia “electoral” que estamos experimentando sigue siendo asunto de elites, las cuales cuentan con sus propios canales de acceso al poder político, por ejemplo en las etapas claves (previas) del proceso electoral: selección de candidatos a través de medios asociativos privados y redes de poder con fuerza e injerencia decisiva, tales como clubes, directorios, corporaciones, asociaciones, reuniones, etc., lo cual ha conllevado -entre otros aspectos- a un exclusión de la polis como cuerpo deliberante.
Por ello y más allá de la importancia del rito electoral, a la ciudadanía hay que valorarla en relación a un conjunto de prácticas legales, simbólicas y asociativas, por medio de las cuales se promueven los criterios de orientación general de la sociedad. Es decir, formas de participación, representación, sociabilidad y relaciones políticas que no pasan sólo por el rito electoral.
Al parecer y a la luz de los (últimos) acontecimientos políticos, la elite sigue viendo (en el discurso) al ciudadano como uno igual, pero rodeado de desiguales.

(Publicado en La Discusión de Chillán, 22/07/11)

LAS CAUSAS DE LA INDIGNACIÓN EN CHILE.

Sebastián Jans

Uno de los diarios de las cadenas periodísticas monopólicas chilenas – monopolios construidos en torno al control del avisaje comercial que se reparte en Chile dentro del club de los más ricos-, abría debate hace una semana sobre la causa del malestar y el enojo de los chilenos, que está afectando tan profundamente la popularidad del gobierno en las encuestas, mediciones que, bajo la óptica que predomina en la clase política, tiene un efecto muy determinante en las decisiones que se toman a nivel gubernamental.
Desentrañar el misterio del enojo, ha llevado a diversos diagnósticos que conducen a distintas soluciones. Para los ex gerentes que hoy día incursionan en la política desde el gobierno, sin que sus lógicas de gestión logren maravillar a los chilenos, asumen cierta postura de victimización, ya que la gente no entendería sus propósitos ni la eficiencia presunta de la llamada “nueva forma de gobernar”. Demás está decir, que la antigua forma de gobernar, la de los actualmente desplazados del poder, tampoco tiene la mejor de las percepciones en las encuestas, debido a lo que hicieron cuando estaban en el gobierno como contribución a los temas en debate en la actual realidad chilena.
¿Si a este país le está yendo tan bien –se preguntan sus administradores – porque hay tanto descontento? ¿Si tenemos un ingreso per cápita estabilizado en los 15.000 dólares, el mejor de la región, que hace que haya tanto descontento?
La indignación en Chile, se está expresando a través de tres temas principales, pero que tienen la misma raíz y los mismos actores de fondo: el mercantilismo desenfrenado y la hegemonía de las 7 familias más ricas que controlan más de 75 mil millones de dólares (3 veces el PIB de la vecina Bolivia, según el ex Ministro Andrés Velasco), que determinan las grandes decisiones políticas y económicas, que destacan por su conservadurismo y por promover las bondades del sistema actual, que tantos beneficios les siguen reportando y que favorece al 10% más rico de los chilenos, cuyo ingreso es ¡78 veces mayor al 10% más pobre!
El primer tema que explosó de manera impensada para la clase política, y contra ella, fue el tema energético, producto de la autorización de funcionamiento a centrales termoeléctricas y la autorización ambiental del proyecto HidroAysén, que pretende instalar 5 represas en la Patagonia. El segundo tema tiene que ver con el rechazo al concepto mercantilista en la educación, expresado en la masiva movilización de los estudiantes que rechaza su continuidad. Y ahora ha explosado la indignación contra el escándalo financiero de una multitienda del retail, uno de los jugosos negocios del éxito económico chileno y que compromete directamente a la clase financiera hoy directamente involucrada en el gobierno.
¿Qué es lo que señala la indignación de los chilenos, en su esencia? Simplemente que el modelo de crecimiento ya los tiene hartos, porque todos los esfuerzos y sacrificios lo aportan los que –como siempre ocurre – trabajan y viven de su sueldo. Son ellos los que no ven razones de Estado y razones de estrategias de desarrollo nacional, en las enormes ganancias que produce el negocio de la energía eléctrica. ¡Enormes ganancias a precios para los consumidores muy sobre la media internacional! Lo que dice el rechazo a los proyectos eléctricos es que los chilenos no están dispuestos a legitimar cualquier modelo de crecimiento, definitivamente.
Es el modelo el que está en tela de juicio, porque ha hecho un enorme negocio local con la educación, y ni tan local, porque ha atraído a más de algún inversionista extranjero, como el caso del español Segovia y su grupo SEK, donde hay educación para todos los bolsillos, siguiendo perfectamente el libreto mercantilista, pero entregando una educación de pésima calidad, segregacionista y segregada, fundada en la desigualdad y en el sojuzgamiento de los sectores populosos a condiciones manifiestas y típicas de marginalidad, a partir del lugar donde estudian.
Es el modelo el que está en tela de juicio, ante las acciones desenfadadas y desenfrenadas del negocio del retail. Lo del caso de la multitienda La Polar es la punta del iceberg de los métodos de esas empresas -, ya que los chilenos que viven de su trabajo no solo han sufrido las consecuencias de negociaciones unilaterales urdidas por La Polar, lo que también ha sido experimentado por otros consumidores de otras multitiendas, y que se suma a cobros periódicos de seguros no contratados, a gastos operacionales unilaterales, a sobreprecios exorbitados cuando hay catástrofes (como ocurrió con el retail de la construcción luego del terremoto del 27 de febrero de 2010), etc.
En fin, un sistema construido para exprimir los bolsillos de la gente que vive de un sueldo, situación que viven día a día los hogares de la clase media y la clase trabajadora. Es lo que les toca percibir a los jóvenes en sus hogares, donde ven que sus padres deben hacer enormes sacrificios para su educación, y lo que se les entregan son licenciaturas segregadas, que corresponden a lo que cada familia puede pagar y con resultados de tan mala calidad, que el titulo poco importará en el futuro mercado del trabajo.
La indignación en Chile tiene su esencia en el hastío a un modelo que los jóvenes no quieren seguir sosteniendo como lo han hecho sus padres. Hace rato se pagó el precio de la restauración de la democracia, hace rato se pagaron todos los precios necesarios para concluir la transición, y pretender que la estabilidad del país descansa en los beneficios y ganancias de las 7 familias más ricas del país, entre las cuales está el actual Presidente de la República, es una pretensión indecente de la clase política y sus distintos actores.
Los beneficios de la incursión exitosa de Chile en la APEC o el relato del liderazgo económico en América Latina (del que tanto se ufanan la clase política y los grandes empresarios), o la exultante afirmación del actual ingreso per cápita no es algo que llegue a la verdadera clase media o la clase trabajadora como beneficios concretos. Por el contrario, son los que tienen que sacrificarse hasta el límite de comprometer sus logros familiares y de vida, mientras la desigualdad en el ingreso y en las oportunidades sigue produciendo un exceso de riqueza en favor de unos pocos.
Definitivamente, los chilenos cada día están más indignados con esa realidad y sus resultados. No es para menos.

Publicado en www.reeditor.com. 29/06/11

Caso Lautsi: Una vez más la “laicité positive”.

Carlos Leiva Villagrán

En diciembre de 2007, el Presidente de Francia Nicolas Sarkozy y el Papa Benedicto XVI dieron inicio a una nueva estrategia ultramontana para enfrentar al laicismo, en el encuentro que sostuvieron en San Juan de Letrán. Allí sellaron su unión en esta materia, con el claro propósito de deslegitimar los aspectos esenciales del laicismo en Europa. Con posterioridad, Sarkozy y Benedicto XVI han perseverado en su afán, directa e indirectamente, llegando hasta a cortejar al Islam en esta política, a objeto de conformar la más amplia oposición de “creyentes” a lo que ellos denominan laicismo extremo.
Sarkozy, en su discurso de San Juan de Letrán, estableció un puente entre la religiosidad cristiana y el laicismo, declarándose partidario de la laicidad (como no podía ser de otra manera de acuerdo a la Constitución gala), pero de una “laicité positive”. Al laicismo, que nunca había tenido apellido, le creó uno, dando entender que había un laicismo positivo y otro que no lo era. Por cierto que Sarkozy asumía todo lo que ya está integrado a la cultura europea, y a la francesa en particular, en cuanto a aspectos tales como que cada cual es libre de creer o no creer, o que los padres son libres para educar a sus hijos acuerdo a sus convicciones, cuestiones culturalmente internalizadas desde hace ya tiempo en la ciudadanía europea. Sin embargo, a lo que apuntaba el concepto de laicismo positivo de Sarkozy era, en lo principal, a dar un lugar a la religión en la institucionalidad estatal, vaciando al laicismo de su contenido fundamental. Así, siguiendo el discurso de San Juan de Letrán, la religión es indispensable al hombre, la moral religiosa es superior a la moral laica, la religión es una de las bases de los modernos derechos del hombre, ella está en la esencia de toda cultura, y sobre su base debe fundarse la política de civilización del mundo de hoy.
Resulta oportuno hacer este recordatorio ahora que ha concluido el denominado caso Lautsi, recientemente fallado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Éste viene de resolver el 18 de marzo recién pasado respecto de la demanda que presentara en 2001 una ciudadana italiana de origen finlandés, Soile Lautsi, que solicitaba al Estado italiano la remoción de los crucifijos presentes en el colegio de sus hijos menores de edad en Italia, situación que a su juicio violaba el derecho reconocido a los padres de educar a los hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y filosóficas. Después de numerosos recursos legales en distintas Cortes, que suscitó gran expectación durante años en la comunidad europea, el proceso escaló hasta el Gran Tribunal, instancia que en una sentencia inapelable estableció, para contentamiento de el Vaticano y desolación de los movimientos laicistas, que la presencia de crucifijos en las salas de clases de colegios públicos no violaba el derecho reclamado por la señora Lautsi.
Los principales argumentos expuestos en los considerandos de la sentencia del Gran Tribunal, para rechazar la demanda de la señora Lautsi son del siguiente orden:

1. La Corte reconoce el derecho de los partidarios del laicismo a que sus puntos de vista sean considerados como convicciones filosóficas.
2. La obligación del Estado en estas materias es de neutralidad e imparcialidad.
3. No le está prohibido al Estado impartir enseñanza de tipo religioso o filosófico, directa o indirectamente. Lo que le está prohibido al Estado es perseguir un propósito de adoctrinamiento que pueda ser considerado que falte al respeto a las convicciones religiosas y filosóficas de los padres.
4. Un crucifijo en una muralla es esencialmente un símbolo pasivo, lo que es particularmente importante teniendo en consideración el principio de neutralidad
5. El crucifijo simboliza los principios y valores que constituyen el fundamento de la democracia y de la civilización occidental, y su presencia en la sala de clase es justificable por este motivo.

Como se puede apreciar, la sentencia considera sentado el principio de que ningún adoctrinamiento religioso particular puede ser impuesto a los estudiantes. Sin embargo, al mismo tiempo, estima que el Estado no debe limitar, y que por el contrario puede estimular y aún contribuir a que las diversas confesiones religiosas estén presentes en la escuela pública. Esta postura, pretendidamente laica, constituye una interpretación radicalmente diferente de la postura laicista esencial en esta materia, que es la obligación de abstención absoluta de las instituciones del Estado y de la enseñanza pública en materia religiosa. Cabe destacar que la sentencia acoge, de hecho, el reiterado llamado de Benedicto XVI, alentado por el concepto sarkoziano de laicidad positiva, por el reconocimiento en la escuela de las raíces cristianas de la Europa actual, desconociendo flagrantemente que las banderas de libertad, igualdad y fraternidad modernas se enarbolaron en oposición, entre otras, a la jerarquía de la Iglesia, aliada a la nobleza y a los privilegios del poder pre moderno.
Por otra parte, se puede apreciar que la sentencia sostiene una concepción del laicismo similar a la del laicismo positivo de Sarkozy, procurando en varios pasajes establecer que el Gran Tribunal Europeo tiene presente y acepta la realidad de la presencia del laicismo en Europa y que, aún más, la resolución que adopta es plenamente compatible con él. El laicismo es entendido en la sentencia del Gran Tribunal como una opción filosófica, al modo de una religión que coexiste con las demás. Así se afirma que los hijos de laicistas tienen derecho a ser educados en la concepciones filosóficas del laicismo, del mismo modo que un estudiante hijo de familia religiosa tiene el derecho a ser educado en la tradición religiosa particular de sus padres. Sin embargo, se malentiende el laicismo cuando se le supone como una opción religiosa entre las religiones. El laicismo no es ateismo ni agnosticismo, que sí pueden ser consideradas opciones frente a las religiones. El laicismo no es una religión, siendo compatible con todas ellas y con el derecho a no tener religión alguna. El laicismo es un principio de organización elemental de lo político en las sociedades modernas y no una doctrina filosófica ni religiosa; no se opone a las ideologías ni a las religiones, pero fundado en la decantación de la reflexión y la experiencia republicanas, postula un Estado liberado de las amenazas de dominio comunitarista sobre el mismo, como garantía para la propia existencia de esas comunidades, entre ellas las religiosas, en el contexto de la sociedad civil.
La sentencia del caso Lautsi constituye un mensaje de alerta para el laicismo. La ola del neoconservadurismo religioso está orientando sus embestidas a la laicidad de las instituciones estatales, no importando cuan consolidadas estén. Utilizando una reinterpretación de la historia y construyendo una deformación intencionada del laicismo, aliada además con el conservadurismo político, la Iglesia reitera su inveterada vocación de influir sobre las decisiones públicas. La resolución de Estrasburgo tiene el sello del concepto de “laicité positive” gestado por Sarkozy y Benedicto XVI, el cual en oposición al auténtico y original laicismo revela una pretensión organizada de esterilizar las instituciones laicas, a través de un cambio aparentemente sutil en su concepto, pero que en definitiva procura demoler la propuesta esencial del Estado laico, que señala que la institucionalidad política y la enseñanza pública deben estar libres de influencia religiosa.

LA CRISIS DE LA IGLESIA CATÓLICA CHILENA.

Sebastián Jans

La Iglesia Católica chilena está enfrentando uno de sus peores momentos históricos. Como ha ocurrido en otros países, la comprobación de la existencia de delitos contra menores y la sospecha continua contra el clero, que se agrava por las decisiones mal tomadas por su jerarquía, ha desencadenado una ola de repudio, como anteriormente ocurrió en Estados Unidos, Irlanda y Bélgica, por citar algunos de los casos más resonados.
Chile es uno de los países más tradicionalistas de América Latina y en ello ha influido fuertemente el rol de la Iglesia Católica. Fue uno de los últimos países del mundo en tener el divorcio vincular, producto de la fuerte influencia de la Iglesia. Durante los años 90 la influencia de la Iglesia sobre el escenario político fue avasalladora. No hace muchos años integrantes de los poderes institucionales del Estado, reconocían que sus decisiones estaban determinadas por la opinión de su obispo de cabecera. Célebres fueron los planteamientos en ese sentido de un senador socialista ¡que se opuso a la ley de divorcio!, o un miembro del Tribunal Constitucional que votó contra la entrega de la píldora del día después en los consultorios públicos, por indicaciones de su obispo.
Demás está decir de la influencia de la Iglesia Católica en las instituciones armadas, donde consideran a esas instituciones del Estado en verdaderos apéndices de la institucionalidad religiosa. El Obispo general castrense tiene más poder que cualquier obispo diocesano, y ni siquiera responde a la estructura jerárquica de la iglesia, ya que depende directamente del Vaticano.
La influencia religiosa en el gran empresariado es determinante. Ya sea por el poder de sus esposas o por los ámbitos en que se realizan los grandes negocios, los grandes empresarios chilenos tienen una tremenda afinidad con los sacerdotes y obispos que se vinculan estrechamente al poder económico. Prueba de ello es que la Parroquia de El Bosque, donde tenía su centro de poder el cura Karadima y la Pía Unión Sacerdotal, que lideraba en forma muy pragmática, tenía una ventajosa relación de intereses con grandes empresarios. Uno de ellos, vinculado a uno de los grupos económicos más poderosos del país - los Matte -, incluso ejerció presión sobre el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a favor del mencionado sacerdote.
Para algunos chilenos, los hechos recientes parecen ser sorprendentemente abruptos. Pero, ya había una historia previa. De hecho, el obispo que organizó la visita del Papa Juan Pablo II, hace más de veinte años, hace ya varios años fue sacado discretamente de Chile cuando surgieron antecedentes pedófilos en la arquidiócesis de La Serena, donde se desempeñaba.
Desde luego, como ha ocurrido en otros países, la conducta de la jerarquía ha sido tratar de encubrir el tema. Hace unos días el cardenal Errázuriz ha sido increpando públicamente por una de las víctimas del cura Karadima, que lo calificó de criminal encubridor. Una monja superiora de la congregación de las Ursulinas ha sido abruptamente enviada a Alemania, bajo sospechosos procedimientos encubiertos.
La investigación ordenada por El Vaticano, que terminó confinando al cura Karadima a un retiro religioso, es de interés de la jueza que ha sido designada por la Corte Suprema para investigar en forma exclusiva este proceso de conmoción pública. Frente a ello, lejos de colaborar con la investigación, se pone un manto de protección ante la acción judicial de la mano del propio Arzobispo de Santiago, Ezatti, quien ha indicado que si la jueza quiere tener los antecedentes investigados por El Vaticano, debe pedirlos de Estado a Estado.
Y allí viene el peso de la tradición, ya que, desde que el Estado y la Iglesia Católica se separaron en 1925, no se refrendado un Concordato por ambos Estados, y no hay elementos que impidan a un juez concienzudo, procesar a quien sea – por el delito o el encubrimiento - y exigir la información que corresponda, incluso como lo hicieron en Bélgica. Tal vez sea mucho pedir, desde luego, en un país con tanto peso religioso tradicionalista y tradicional.
Sin embargo, en la medida que se coarte la investigación, la crisis de la Iglesia frente al país será mucho mayor, producto del repudio ciudadano, ante conductas y acciones que, en definitiva, terminan exhibiéndose como destinadas a proteger a culpables de delitos deleznables. Y esa es otra tradición chilena: el respeto a la ley.


Publicado el www.reeditor.com el 10 de abril de 2011.

La “fragilidad humana” y moral del Cardenal Medina

Gonzalo Herrera Guerrero


El cardenal Medina con el transcurso del tiempo se ha venido transformando en un personaje casi pintoresco por lo retrógrado de su pensamiento y sus declaraciones ultraconservadoras en relación a temas sociales, éticos y valóricos. En su última aparición, en una revista de circulación nacional impresa en papel couché, pareciera querer probar hasta el extremo la incondicionalidad y adhesión de los católicos de un determinado sector social —aquel que se identifica con la comunidad de la parroquia de El Bosque— proponiendo una mirada evanescente sobre reiterados actos de corrupción eclesiástica y que comprometen a influyentes religiosos, que en las últimas semanas han impactado al país por la crudeza y pormenorizada denuncia de quienes fueran víctimas de esas prácticas. El patético intento del cardenal de bajarle el perfil a los delitos del sacerdote Fernando Karadima, declarado culpable de abuso sexual en contra de un menor y otras víctimas por la Congregación para la Doctrina de la Fe con sede en Roma, pone en evidencia la vieja práctica de esconder las arbitrariedades de esta institución confiando en que sus adherentes aceptarán sus argumentos no por la fuerza de los hechos, sino por la mera autoridad del que lo dice.
Lo primero que llama la atención es que este religioso, siendo parte del establishment de la Curia romana y fiel devoto de las políticas del Vaticano, no trepide ahora en desconocer los hechos sacados a la luz tras seis años de investigación —durante más de dos años se obstaculizó toda indagación— y aparezca emitiendo un juicio contrario al fallo condenatorio expedido por un tribunal de expertos en derecho canónico. El veredicto señala que “la enorme cantidad de testimonios recogidos, su credibilidad y concordancia muestran de modo inequívoco que el reverendo Fernando Karadima Fariña es culpable del delito de abuso de menores, de actos impuros con adultos, con violencia y abuso de autoridad”.
¿Por qué un hombre probado de la ortodoxia vaticana se anima a apartarse de la posición oficial de la estructura de poder de la Iglesia, menospreciando a las víctimas y ofendiendo la inteligencia del país al culpar al “diablo” de las diabluras de Karadima — las calificó de “debilidad humana” — y, por extensión, de quiénes conociendo sus prácticas desviadas lo encubrieron y protegieron?
A mi entender, la contradicción pone de manifiesto un conflicto entre el Vaticano, acorde a la voluntad expresada por el papa Ratzinger de frenar los escándalos de pedofilia practicada por sacerdotes en casi todo el mundo — con intención honesta o afanes cosméticos, el tiempo lo dirá —, y las iglesias de los Estados con población católica, más interesadas en proteger la imagen institucional, evitando que salgan a la luz y manejando bajo secreto, tanto cuanto sea posible, los pecados sexuales contra menores, especialmente cuando está involucrado el alto clero de las diversas diócesis. Ahora pudimos enterarnos del largo proceso que debieron seguir los denunciantes de este crimen para ser escuchados por la jerarquía de la iglesia de Santiago, cómo fueron humillados y burdamente tramitados, desacreditados, amenazados, intentando repetir la práctica, antes exitosamente utilizada, de minimizar las acusaciones, realizar pseudo investigaciones, trasladar de diócesis a los curas y monjas de comportamiento pervertido compulsivo, y comprometer el silencio de las víctimas merced al ascendiente sicológico y moral que se tenía sobre ellas.
Un sacerdote como Medina, miembro destacado de una jerarquía católica ideológicamente ligada al poder económico y a la élite social chilena, elevado luego a la metrópolis del poder eclesiástico, debe vivir este conflicto en carne propia. Se ve impelido a sintonizar no sólo con los intereses monárquicos y globalizados del Vaticano sino, también, con los intereses estratégicos, sociales y políticos de los sectores más influyentes que dirigen el país, y cuya base ideológica tiene como componente importante para el ejercicio del poder los preceptos de la doctrina católica, con sus dogmas y su particular ordenamiento moral, casi siempre apartado del espíritu del evangelio. La jerarquía eclesiástica que opta por identificarse con los miembros del más alto sector socioeconómico nacional, además de una posición de poder sobre éstos por su condición de dispensador de “la” interpretación de la voluntad divina, debe “negociar” con los mismos atendiendo a sus intereses específicos, para conservar su influencia sobre dicha élite.
El cardenal Medina ha sido un disciplinado vocero de los grupos ultraconservadores, tanto a nivel nacional como internacional. Se ha alineado nítidamente con los detentores del poder, más allá de su legitimidad, aun cuando la opinión pública haya tenido sólida certeza de crímenes e injusticias. Fue uno de los primeros religiosos en apoyar la dictadura de Pinochet, siendo nominado en 1974 Pro Gran Canciller de la Universidad Católica de Chile. Fue un hombre clave para el régimen en materia de calificación ideológica de los dignatarios eclesiásticos que llegaban entonces al país. Juan José Tamayo, miembro de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, cita una frase ejemplarizadora de su escaso respeto por la democracia : “La democracia no significa automáticamente que Dios quiera que sea puesta en práctica”. Así tampoco, nadie podría admirarse de que haya catalogado a Pinochet como “un hombre de bien”.
La relativización con que intenta revestir los crímenes de Karadima, al sostener que más que abuso se trataría de “actos de homosexualidad”, no dice relación con su pensamiento profundamente homofóbico. Tal vez la lógica del argumento se base en su concepción de que la tendencia homosexual “es un defecto como si a una persona le faltara un ojo o un pie”. Por supuesto, nadie es culpable de ser tuerto o cojo, sobre todo si se trata de una deficiencia congénita. Pero, el párroco de El Bosque no es un individuo cualquiera, víctima de un defecto físico. Es un hombre inteligente, carismático, generador de un fuerte culto a la personalidad, lo que le permitió crear en torno suyo un círculo de hierro, cómplice tanto de sus desmanes sexuales como, al parecer, del uso malicioso de dineros de la parroquia. Guía espiritual de personas de la más alta influencia de la élite económica y social santiaguina, fue también el inspirador y formador de las carreras sacerdotales de varios obispos.
Con estos antecedentes, la frase de Medina relativa a la actitud de los jueces que juzgarán a Karadima — una ministra en visita en primera instancia —, en cuanto a que no cree que lo enviarán a la carcel y que “propenden a ser benévolos”, parece inscribirse en el mismo contexto de la frase que el empresario Eliodoro Matte le expresara al Fiscal Nacional Sabas Chahuán: “quiero una investigación rápida”, preocupado por la suerte del que reconoce “su amigo”.
Vemos así a los que monopolizan el poder económico y social tratando de reeditar viejos tiempos, cuando los ilícitos de los señores se conversaban con jueces y obispos en la intimidad de los salones. Y la Iglesia, al menos la Iglesia de Karadima y Medina, tratando de mantener su clientela de adeptos para no perder su influencia sobre los que rigen el poder.

Juventud (política), universidad y sociedad

Prof. Danny Monsálvez Araneda

Días atrás me encontré con algunos alumnos que realizaban campaña para las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción; al preguntar a uno de ellos el por qué del color de la polera que llevaban, simplemente expreso “porque es bonito”; luego, su compañero agrego “nosotros somos apolíticos”, y al último de ellos consulté: ¿Qué concepción tienes de Universidad y su vinculo con la sociedad?. Para mi sorpresa, el alumno no pudo responder. Resulta llamativo que alumnos que aspiran a tener un cargo estudiantil y representar a sus compañeros, no tengan la capacidad de responder un par de consultas sobre lo que están “ofreciendo” a sus condiscípulos.
En lo personal y como académico, uno esperaría de un estudiante universitario, independiente de la carrera que estudia y de su concepción ideológica o credo, un piso o base (mínima) de argumentación, pero que un joven universitario utilice la expresión "apolítico", y que al mismo tiempo no tenga una “tentativa” respuesta sobre que idea tiene de Universidad y del vínculo de ésta con la sociedad, a lo menos resulta extraño.
Como integrante de una comunidad universitaria, por momentos resulta preocupante escuchar este tipo de expresiones, y constatar que algunos de nuestros alumnos repiten un determinado discurso que se ha venido difundiendo en los últimos años, aquel de estigmatizar la política, al punto de creen (erróneamente) que ésta es igual a partido político o militancia partidaria.
La Academia, debe ser -entre otras cosas- un espacio para reflexionar, debatir ideas y proyectos de sociedad, enmarcados en un ambiente de libertad, respeto y tolerancia hacia los otros; por ello es importante que no se contamine con ciertos discursos y prácticas que lo único que buscan son el avance de la insignificancia, a través de la despolitización, desideologización de la sociedad, denostando la política, pero al mismo tiempo ir cimentando un determinado proyecto político, que va en detrimento de una sociedad más fraterna, inclusiva, pluralista y comunitaria.

(Publicado en El Diario de Concepción, miércoles 30 de marzo de 2011)

Caso El Bosque: A poner coto a la enseñanza religiosa en los niños

Carlos Leiva Villagrán

Para fundamentar la oposición a la enseñanza religiosa en los colegios públicos, el laicismo ha señalado por décadas la inconveniencia de adoctrinar ideológicamente a los niños, especialmente en la escuela, dado el carácter de clausura y cerrazón que tiene toda doctrina, al inocular dogmas y creencias en los niños al interior de la institución escolar, la que precisamente tiene como opuesta misión abrir las mentes de los niños al conocimiento y al asombro en camino hacia su libertad y autonomía individual.
Pues bien, en el último tiempo, se ha agregado una nueva y fundamental motivación para apartar a los niños de la enseñanza religiosa: el riesgo para la integridad del niño, inherente a su relación con el adoctrinador religioso.
Los casos de pederastia en la Iglesia chilena no son casuales o circunstanciales. Como ha quedado en evidencia tras las denuncias en el caso de la iglesia El Bosque de Providencia, hay una historia de abusos sexuales cometidos por los clérigos sobre niños de iglesias y colegios en Chile, muchos de ellos silenciados, por vergüenza de las víctimas o por el silencio o encubrimiento de la autoridad eclesiástica. Son situaciones que vienen a sumarse a los miles de casos de abusos de religiosos que en diversos países han sido dados a conocer en los últimos años.
No es posible ya continuar con el engaño exculpatorio de que se trata de personas enfermas o desquiciadas como las que hay en cualquier institución (son bien poquitos, decía el Cardenal Errázuriz). No. El caldo de cultivo está en el dominio incontrarrestable que los adultos religiosos pueden adquirir sobre la moldeable conciencia de los niños en catequesis por medio del discurso ideológico que atribuye a esos religiosos la facultad de enseñar los caminos del bien y del mal. Para los adultos, con criterio independiente ya formado, este discurso puede ser o no aceptado, y su decisión forma parte de su indelegable libertad. En los niños, sin embargo, el discurso religioso es recibido como verdad indiscutible, y con su disposición natural a adherir quedan expuestos a la manipulación morbosa de los códigos morales. Los preceptos del clérigo, a diferencia de los maestros de la clase, significan salvación o perdición eternas. Su discurso sobre el pecado y el castigo en el infierno se nutre impúdica e inmoralmente del miedo infantil, y lo empuja naturalmente a la senda del bien señalado por el religioso, que es una invitación a compartir la pompa y suntuosidad del ritual, del templo, de la comunión y de la confesión. El riesgo de abuso, de este modo, no es circunstancial, sino consustancial a la relación entre niño y adulto religioso en la formación catequística. Por ello, la aplicación del adoctrinamiento religioso a los niños, siempre dispuestos a confiar en los adultos, constituye un crimen, y el Estado no puede ya más soslayar esta atrocidad.
El derecho a la libertad religiosa para los ciudadanos no debe entenderse como libre franquicia para adoctrinar a los niños, y menos obligación para el Estado de fomentar la enseñanza religiosa en los infantes. El niño es una conciencia frágil, en proceso de formación a través del conocimiento; el adoctrinamiento y la entrega de verdades reveladas no contribuyen a esta formación, recluyendo al niño, por el contrario, en el dogma, en el miedo, en la entrega irracional y el fanatismo.
Es de lamentar que muchísimos padres no aprecien el mal que provocan en sus hijos al entregarlos al adoctrinamiento religioso, por más que estén en su derecho a hacerlo. Empero, situaciones como las de la Iglesia El Bosque constituyen una alerta para los padres que proporcionan formación religiosa doctrinaria a sus hijos, riesgo que se multiplica cuando deciden confiar el adoctrinamiento a una institución eclesiástica.
Lo que es inaceptable, en todo caso, es que la institucionalidad estatal continúe subvencionando la educación religiosa en colegios públicos. El Estado cumple con su misión republicana cuando mantiene la formación de sus niños fuera del adoctrinamiento ideológico, ya sea político o religioso. A la luz de las recientes revelaciones de abusos eclesiásticos, resulta urgente volver a promover la eliminación de las clases de religión de la educación pública y revisar el carácter de la subvención del Estado a aquellos establecimientos que entregan enseñanza religiosa a los niños en sus planes de estudio. El caso de la Iglesia El Bosque, que conforme a las expresiones de los denunciantes hace presumir que un sinnúmero de niños han sido y están siendo abusados como derivación del control ideológico eclesiástico, exige que las autoridades políticas de este país avancen decisivamente en poner coto a la enseñanza religiosa en los colegios, caldo de cultivo preferencial del abuso sexual a niños chilenos.

VALORACIONES POLÍTICAS SOBRE LA VIDA

Sebastián Jans

Escalofriante, por decir lo menos, resultó escuchar a la autoridad política y conductor de la seguridad pública, expresar juicios de valor sobre el precio de la vida de un policía y el de ciudadano común y corriente. El Ministro del Interior, señor Hinzpeter, ha establecido que la vida de un policía es más importante.
Tal desafortunada y carente de tino afirmación, debe ser corregida, antes que sea asumida por la policía como una política de gobierno.
La Declaración de Derechos Humanos señala taxativamente que todo individuo tiene derecho a la vida, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ello implica que para todo Estado, toda autoridad política, todo gobierno, todas las vidas tienen un mismo valor, no importando su rol en la sociedad o la función que cumpla en determinadas instituciones, organizaciones o estructuras del desarrollo societal.
Entendiendo la lamentable pérdida de dos valiosos funcionarios policiales, cuyos asesinatos todos repudiamos, y que merecen la más drástica sanción penal, no puede perderse de vista la perspectiva que todo gobierno debe observar en el aseguramiento de la vida, aún de los imputados de delitos de sangre.
Por asegurar la vida de un policía, que todos queremos que sea una prioridad, no puede ponerse en riesgo potencial la vida de las demás personas. Imaginemos que un policía es atacado con riesgo de vida, en medio de una muchedumbre. Aplicando el planteamiento de valor del Señor Ministro, ese policía podría disparar indiscriminadamente para protegerse, ya que su vida sería más valiosa que los inocentes que le rodean. Los muertos que ocurran en un tiroteo en esas condiciones, serían consecuencia de la afirmación del Ministro: la vida del policía es más importante.
Es posible que, en su apasionamiento el Señor Ministro, no haya medido el alcance de sus palabras, por lo cual, debemos recomendarle que debe ser más prudente. Sus dichos, dada la autoridad que posee, pueden ser identificados como políticas de gobierno. Él es la autoridad política y debe asumir las implicancias que de ello se desprenden. La prudencia debe ser el sello de su gestión, más aún cuando se producen dolorosas circunstancias, como las enfrentadas por la Policía de Investigaciones el miércoles 23 de marzo.
El gobierno actual ha sido muy descuidado en las señales políticas que entrega. Durante bastante tiempo, incluso mucho antes de asumir, la señal era que quien cometía un delito, sin importar su relevancia, tenía que ir a la cárcel. Fue algo muy coherente como política, hasta que se produjo el incendio en la Cárcel de San Miguel, en que la lógica del sheriff se cayó a pedazos.
Hoy, la señal es establecer categorías sobre la vida de las personas, seguramente hasta que haya también consecuencias dolorosas.
No creo que el Señor Ministro del Interior sea un fascista, o que esté proponiendo una especie de Estado policiaco de Derecha. Lejos de ello, el señor Hinzpeter es un hombre con perfiles de liberalismo interesantes. Incluso ha postulado la idea de refundar la Derecha, para alejar la herencia de este gobierno de toda relación con el pasado del pinochetismo.
En importante, entonces, que se aleje de las tentaciones de ese pasado autoritario que tanto daño le hizo a nuestra sociedad, imponer la prudencia y solidarizar con la policía a partir de la firmeza de los valores presentes en los derechos humanos consagrados por la Humanidad.
El compromiso efectivo con el derecho a la vida, es lo que hace a un gobierno distinguirse por sus valores superiores, más allá de la guerrilla política y de los escapes emocionales frente a los acontecimientos cotidianos. El señor Ministro del Interior, debe ser más cuidadoso con sus palabras.


Publicado en Tribuna del Bio Bio 28 marzo 2011

MAGREB Y LAICISMO

CARLOS LEIVA VILLAGRAN

Los primeros dos meses de este año quedarán marcados en la historia como el período en el que, al modo de un reguero inflamado, comenzaron a sublevarse los pueblos del sur del mediterráneo, proponiéndose poner fin a largos e incontrarrestados dominios de autarquías dinásticas locales, Con evidente razón, se ha recordado el destronamiento del Shah de Irán en 1979 y la caída del muro de Berlín 10 años más tarde, situaciones similares que exhiben como factor común la expresión irrefrenable de las convicciones libertarias de los ciudadanos, frente a las cuales el monopolio de las armas ya no sirve a los gobiernos para conservar su poder.
Muchos gobiernos en Occidente, especialmente en Europa, han tardado en pronunciarse y en actuar de algún modo frente a los imprevistos acontecimientos, lo que ha dejado de manifiesto que las autoridades políticas occidentales en general se sentían cómodas con los gobiernos dictatoriales del Magreb. Aunque probablemente ningún gobierno europeo justificaría la existencia de dictaduras en sus territorios, ellos hicieron vista gorda y oídos sordos a la opresión de esos pueblos, cuyos gobiernos servían de bastión para la conservación del statu quo en el conflicto árabe israelí y enfrentaban eficazmente la amenaza del radicalismo islámico en la región. No en vano los derrocados dictadores, Ben Alí y Hosni Mubarak, no sólo eran aliados de los gobiernos de Occidente, sino que hasta hace poco eran reconocidos como miembros de la Socialdemocracia Internacional.
En estas circunstancias, los movimiento laicistas tienen una reflexión que hacer puesto que, efectivamente, las dictaduras del norte de Afrecha han desarrollado gobiernos de corte laico, y han mantenido a raya las pretensiones teocráticas de grupos islamistas radicales, que postulan el establecimiento de gobiernos para Alá y la instauración de la ley islámica, como fuente de su derecho. Por ello, cabe preguntarse, aunque sólo sea retóricamente, si la mantención de un gobierno laico justifica que él sea apoyado, independientemente de los contenidos y de la legitimidad de su ejercicio. La respuesta categórica es NO.
El laicismo occidental se nutre de los principios republicanos, del Estado de Derecho propio del mundo moderno, de los valores de libertad, igualdad y fraternidad que brotan de la revolución francesa, de la democracia que fortalece la revolución americana, de la declaración de Derechos Humanos que aportan las Naciones Unidas y del Humanismo de la tradición filosófica. Este es el contexto en el cual se plantea el laicismo, como perfeccionamiento de la vida republicana, como ejercicio pleno de libertad y participación, al margen y en oposición a los grupos que aspiran a la posesión en título del poder. Sin este contexto, el ejercicio del laicismo es hueco. El laicismo de Ben Alí y de Hosni Mubarak es un medio para su reconocimiento internacional y fortalecimiento del poder dictatorial.
Lo que vaya a suceder en esos países es una incógnita formidable. Autoritarismo, democracia, teocracia y laicismo juegan sus cartas. Y si bien cada pueblo sigue sus propias dinámicas, las fuerzas y movimientos laicistas deben alistarse allí en las filas de la promoción de las precondiciones democráticas, libertarias, participativas y humanistas, sin las cuales el laicismo es pura y utópica retórica.

CARTA PÚBLICA EL 8 DE MARZO ES DE LAS MUJERES

¡LAS MUJERES Y LAS FEMINISTAS DECIMOS BASTA AL AUTORITARISMO Y LA SOBERBIA PATRIARCAL!


El 8 de Marzo es un día conmemorativo de la lucha de las mujeres por nuestros derechos. Históricamente, los movimientos feminista y de mujeres hemos convocado a actos de movilización para colocar en lo público las preocupaciones, demandas, propuestas e imperativos de la construcción de una sociedad anti patriarcal, anti capitalista, anti neoliberal y anti clerical, sin dominaciones, opresiones y exclusiones. Una sociedad hecha de personas libres y autónomas, conviviendo y bien viviendo.

Esta fecha histórica nos encuentra enfrentadas a un gobierno que nos quiere sumisas, pobres, en trabajos precarios, temerosas de dios, desconocedoras de nuestra historia –la del país y la propia–, clandestinas en nuestras decisiones sexuales y reproductivas. Gran responsabilidad le cabe a la Concertación, ya que en 20 años de gobierno no fue capaz de asumir ni jugársela por los cambios estructurales necesarios para redistribuir poder y erradicar la discriminación de las mujeres.

La Coordinadora 8 de Marzo convocó a organizar la movilización, en la perspectiva de un acto político unitario y masivo, que expresara lo que queremos para las mujeres y la sociedad, y lo que no estamos dispuestas a aceptar de ninguna manera. Así como rechazamos el oscurantismo y el medioevo en nuestras vidas, decimos basta a la negación de la existencia social y política de las mujeres.

La convocatoria a la conmemoración del 8 de Marzo hecha por dirigentes de la CUT en conjunto con representantes de la Concertación y de Juntos Podemos Más, el 4 de febrero en conferencia de prensa, es un atropello al movimiento social y político de las mujeres propio de la soberbia patriarcal, y es también un acto anti democrático. Una fecha propia de las mujeres se ha instrumentalizado en función de intereses partidarios que rara vez han mostrado un auténtico compromiso con nuestras demandas históricas. Las prácticas de aprovechamiento y de negación de los movimientos sociales no son nuevas, no han contribuido a generar una cultura democrática en la sociedad chilena, y explican las derrotas.

Este 8 de Marzo las mujeres vamos a estar movilizadas en muchas ciudades y barrios. En donde NO vamos a estar es en una convocatoria que nos suplanta. Mujeres de los partidos y sin partidos, organizadas o no, es hora de definiciones de fondo. La fuerza de la transformación somos nosotras mismas.

¡Marchemos el martes 8 de Marzo, a partir de las 18.30 hrs., desde la Estación Central hasta el Monumento de Mujeres en la Memoria, Metro Los Héroes! (en Santiago)


COORDINADORA 8 DE MARZO

Fuente: Observatorio Género y Equidad

EL AVANCE DE LA INSIGNIFICANCIA

Prof. Danny Monsalvez


Cornelius Castoriados señaló que lo que hoy caracteriza al mundo no son las contradicciones o crisis, sino el avance de la insignificancia; es decir, una involución o anquilosamiento, que se traduce en un “no pensamiento” que produce esta “no sociedad”, proceso social que en nuestro país comenzó a institucionalizarse socioimaginariamente durante los años de la dictadura militar, entre otras cosas, producto del entramado de quienes la sustentaron (elite civil). Lo anterior conllevó -entre otras cosas- bajar los niveles de exigencia de la sociedad en cuanto ética, formas de hacer y concebir la política.
Lamentablemente tras el retorno a la democracia, los gobiernos concertacionistas no lograron (o no quisieron) revertir aquella construcción social; peor aun, progresivamente se fue enquistando e institucionalizando socialmente. Paralelamente, quienes coadyuvaron a fomentar aquel discurso apolítico y de desideologización de la sociedad, comenzaron a obtener los dividendos (económicos y políticos) de lo forjado en aquellos años, siendo en la actualidad los más beneficiados.
Así, el avance de la insignificancia se expresa en determinadas prácticas políticas y sociales: no se hace actividad política sino que animación mediática (política espectáculo); no se tienen ciudadanos sino que público (clientes, votantes). Siguiendo a Castoriadis, son aquellos politiqueros, en el sentido de micropolíticos. Sujetos que los mueve la caza de sufragios por cualquier medio. Su objetivo es permanece en el poder o volver al poder, para ello son capaces de todo y como tanta gente que tiene poder, caen en el viejo vicio de creer que el que no esta con ellos, esta contra ellos. Eluden discutir desde el disenso, por ello se habla de unidad, que en el fondo viene siendo una expresión de un pseudo-consenso generalizado.
De ahí podemos desprender que la insignificancia en sus diversas manifestaciones sea un poderoso mecanismo de aletargamiento que va creando indiferencia y precariedad generalizada, que se traduce en una normalización social y rutina institucional.

(Columna de opinión publicada en El Diario de Concepción, jueves 24 de febrero de 2011, p. 2. )

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LOS CIUDADANOS INDEPENDIENTES DEMOCRÁTICO

Nosotras y nosotros, los Ciudadanos Independientes Democráticos (CID), manifestamos que el conflicto generado dentro el Gobierno Regional se ha desarrollado en base a entredichos de bajo nivel político y que son agravados por la falta de claridad en la información que se entrega a la ciudadanía, transformando el escenario político-social en un crisol de incertidumbres y desconfianzas para la gente, situación que no aporta en nada a la reconstrucción de nuestra región. A nuestro parecer, los funcionarios públicos olvidan que trabajan para nosotros; que reciben mensualmente un sueldo por servir eficientemente a las necesidades de todas y todos los chilenos y chilenas. Por ende, la ausencia de mecanismos de control popular sobre nuestras autoridades exige tanto, como otros puntos, una profunda modificación de nuestro marco constitucional.

Exponemos enfáticamente que la ausencia de delito en la gestión pública no es sinónimo de buena administración y transparencia, dado que la forma (y fondo) del ejercicio de la gobernanza obliga al comportamiento ético, justo y en defensa de la fe pública. La demora en la toma de decisiones no puede confundirse con prudencia, menos cuando existen familias en caleta Tumbes que aún traslada en baldes el agua para su subsistencia; o que deben usar baños químicos (desde hace un año) en aldeas de la comuna de Talcahuano. Esto manifiesta claramente que nuestra clase política no está a la altura de las necesidades del pueblo; lo mediocre se ha transformado en -normalidad- y lo que es peor, se “respalda”. Esta decadencia en la política es histórica, no es un fenómeno que comenzó el 2010 y que al parecer no tiene intenciones de ser modificado.

Los CID mantendremos nuestra postura frente a las denuncias sobre la praxis administrativa regional y comunal (Concepción) acudiendo al Consejo de Defensa del Estado el día lunes 21 de febrero para que éste organismo del Estado se haga parte, si la evidencia así lo permite, de las acciones que esté llevando el ministerio público.

Chile necesita de una alta política, no una mentalidad que se reduce al cálculo electoral y a la cosa pequeña. La Región del Bio Bío no es un feudo y nosotros no somos vasallos, y ante este hecho, la renuncia o despido de los funcionarios públicos frente a negligencias y/o pobreza en la gestión es necesaria para que las energías se vuelvan a concentrar en la reconstrucción que aún no es tal como muchos pretenden hacer sentir.

Luz Roja para Lavín, el MINEDUC y las Universidades.

Ignacio Sánchez del Campo


El Ministerio de Educación advirtió hace unas semanas atrás que en el mes de noviembre abundaría la publicidad estatal para informar sobre el gran incentivo que dará el gobierno para que los alumnos que logren más de 600 puntos en la PSU puedan estudiar gratis pedagogía.
Todos aplauden, inclusive y ante mi sorpresa, el líder de educación 2020, Mario Waissbluth, quien valoró la gratuidad de la carrera ¿Por qué lo resalto? Porque es uno de los pocos frentes ciudadanos exclusivo referente a la educación que van quedando, además del Magisterio y algunos Partidos Políticos que levantan la voz con regularidad, como el Radical, que aún persiste en enarbolar la bandera del “Gobernar es Educar”.
El Ministerio de Educación advirtió hace unas semanas atrás que en el mes de noviembre abundaría la publicidad estatal para informar sobre el gran incentivo que dará el gobierno para que los alumnos que logren más de 600 puntos en la PSU puedan estudiar gratis pedagogía.
El problema es el siguiente: Continuamos edificando estructuras sobre las arenas movedizas de la educación chilena: ¿Es un buen medidor la PSU? ¿Quienes obtienen más de 600 puntos en la PSU? ¿Quienes al final estudiarían gratis? ¿La vocación aparece con los incentivos económicos? ¿Ser puntaje nacional PSU es sinónimo de que tendremos brillantes pedagogos?
Respondiendo la primera pregunta: La PSU es un pésimo sistema de medición en dos formas distintas que incluso van en contra de los objetivos del mismo MINEDUC. ¿Es sensato que el ministerio evalúe con un sistema estandarizado (PSU), si por otra parte a los docentes en los colegios se les exige que realicen evaluación diferenciada acorde a las habilidades y capacidades propias de cada alumno? Es por esto que quiero decir de manera tajante que ES NECESARIA UNA PRUEBA INDEPENDIENTE Y EXCLUSIVA PARA SELECCIONAR A LOS FUTUROS PROFESORES. Aún es tiempo y creo que es necesario que tanto profesores, gremios, partidos y movimientos afines al mejoramiento de la educación, eviten con firmeza la aplicación de la PSU como criterio seleccionador. No basta que mida únicamente habilidades de razonamiento lógico.
La segunda pregunta se refiere a la extensión de la segregación social. La PSU hereda todas las diferencias sociales provenientes de las tres clases de educación (municipal, semi-privada y privada) y las instala en la educación superior. Entonces, ¿estamos diciendo que por salir de un colegio con menores recursos ese niño, medido por la PSU, no va a poder ser beneficiario de la gratuidad de la carrera, porque lamentablemente el destino (inserte la palabra Dios, la vida, Alá, la desidia del Estado o la que usted prefiera) lo hizo estudiar ahí?
He ahí el otro gran problema y tercera pregunta: Se beneficiarán quienes, justamente, menos necesidad tienen de ver pagada su carrera. No digo que lo puedan o no merecer si les ha ido bien, PERO NO MEDIANTE LA PSU, SINO CON UN NUEVO SISTEMA DE MEDICIÓN DE HABILIDADES BLANDAS DESTINADAS A ELEGIR VERDADEROS PROFESORES PARA EL PAÍS. No hay que mirar muy lejos. Esto se realiza para el estudio de la psicología ¿Cual de estas carreras tiene más repercusión en la sociedad? Lo dejo como pregunta abierta.
La cuarta pregunta con que llamo a meditar es: ¿Con el incentivo económico logramos que aparezca la vocación? Gracias al esfuerzo de mis padres provengo de la educación particular pagada, donde obtener 600 puntos es la norma general.
¿Acaso (llamado al Ministro de Hacienda y Legisladores) no ven lo delicado que es para las arcas fiscales pagar “un paseo” por la carrera de Pedagogía? El dinero lo van a recibir de igual forma las universidades, y bueno, el trueque hacia el Estado es “pero tú trabajarás en colegios municipales o semi-privado por 3 años”. ¿Y si se retira en cuarto año? Paga el Estado. La sociedad pierde dinero y un futuro profesor ¿Que pierde la Universidad? NADA. Eso no es responsable. Por eso, y lo reitero, PRUEBA ESPECIAL PARA SELECCIONAR PROFESORES.
Pero creo es necesario ir mucho más allá: ¿Porqué no una universidad del Estado dedicada exclusivamente a la formación docente? Una UNIVERSIDAD NACIONAL DE PEDAGOGÍA, como lo fueron las Escuelas Normalistas. Está bien, ya sacamos al Estado de todo, pero no lo saquemos de la enorme responsabilidad que debe tener en la generación de igualdad de oportunidades desde la cuna. Y esto es que tome un papel primordial en la formación de los futuros educadores y garantizar que estos tengan la vocación y apoyo estatal para ir donde más los necesiten.
Y por último, un pequeño dato “curioso”. Mucho endiosamos a los puntajes nacionales y a las personas con elevado CI. ¿Alguien conoce el CI de los asesinos en serie o de los asesinos organizados? Sobre 105 según el FBI. De seguro eso son 750 puntos en la PSU. ¿Por qué esta comparación tan extrema? Porque se debe eliminar la relación entre alto puntaje PSU = gran profesor.
En resumen, son todos aquellos factores los que nos permiten deducir que nos resulta esencial, como sociedad, instituir una Prueba Independiente de la PSU para seleccionar a los Futuros Profesores del País ¿Por qué? Porque la PSU no identifica las indispensables aptitudes propias de la disciplina docente y, menos aún, la existencia de una efectiva vocación del futuro educador. La gratuidad de la carrera de pedagogía, sin la debida selección, es una pésima decisión del gobierno y las universidades que, como ciudadanos, no podemos permitir.
Y para finalizar comparto con ustedes el siguiente pensamiento: “Otorga en su niñez un buen profesor al pobre de riquezas y, sólo así, verás morir todas las miserias que, en la oscuridad, reinaban la República.”
Con los valores de la Fraternidad y el Laicismo construyamos un país verdaderamente justo, pues la justicia empieza cuando damos a TODOS la oportunidad de surgir”.

Noviembre 2010

CHILE: TOP EN LA SEGREGACIÓN EDUCACIONAL EN EL MUNDO.

Sebastián Jans

Cada cierto tiempo, la evidencia dura del drama de la educación que vive nuestro país, emerge con particular fuerza, escapando a la lógica de la autocomplacencia o a la pirotecnia del gobierno de turno, para poner en evidencia los resultados del modelo en aplicación, bajo los parámetros del concepto subsidiario vigentes en nuestra educación nacional.
Este último concepto – la educación nacional – es el que ha estado efectivamente en crisis por más de una generación, con los paupérrimos resultados de calidad, desde el momento en que se construyó el actual modelo, basado en la mercantilización y privatización de los servicios educacionales.
Determinada por la intervención de empresarios, a través de corporaciones, sociedades, sostenedores, congregaciones, o cualquier tipo de entidades, la educación solo arroja cifras que muestran siempre falencias, cuando se trata de logros de alcance nacional, como no sea la manida reivindicación de la cobertura de matrículas, el que siendo un logro valioso se pierde frente al resultado general.
Los expertos no dejan de mostrar lo que tenemos al debe, y lo que significa el resultado final en cuanto a la pérdida de objetivos nacionales y logros como sociedad o como país. Una investigación en desarrollo, por ejemplo, ha dado cuenta de la enorme segregación social en las escuelas chilenas. Chile ocupa el segundo lugar en segregación social, entre 65 países estudiados.
¿Qué significa esto? Que las posibilidades de que el sistema educacional mezcle en las escuelas a alumnos de distinto origen social son prácticamente nulas.
La información proviene de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico), más conocida como Prueba PISA, realizada en el año 2009, y cuyos resultados se han conocido a fines de 2010. Esta información está siendo trabajada por el Centro de Investigación Avanzada de Educación (CIAE), de la Universidad de Chile, según da cuenta el oficialista diario “La Tercera” el domingo pasado.
Los datos, derivados de la muestra realizada en 200 colegios y con la participación de 5.600 estudiantes, no hacen sino confirmar la misma tendencia que se mostró la prueba anterior (2006), en cuanto a que Chile sigue estando entre los “top” de la segregación social en la educación en el mundo.
Los expertos están de acuerdo en que ello está asociado íntimamente a la desigualdad del país, que establece de manera brutal la participación segregada de los educandos en el sistema, de acuerdo a su procedencia socioeconómica. La opinión de los expertos apunta a la carencia de colegios que respondan a políticas de integración, y la experiencia mundial y el resultado de la Prueba Pisa lo confirma, en cuanto a que la educación pública es la única que logra los mejores índices de integración social y garantiza la movilidad social.
De hecho, quienes encabezan los resultados en sentido contrario a Chile, es decir, aquellos que destacan por su integración y por contar con escuelas más heterogéneas, son los países nórdicos, donde la educación en más de un 90% es de carácter pública y gratuita. Suecia, Noruega y Finlandia destacan en sus sistemas educacionales por el concurso activo del Estado, y gozan de una educación de alta nivelación social basada en el mérito y en las oportunidades según el esfuerzo de sus educandos, no importando su procedencia social.
En esos países, en una misma aula, se encuentran alumnos de las clases pudientes, de las clases medias y de sectores pobres, compartiendo la realidad de un mismo país, de un mismo proyecto de sociedad, de un mismo esfuerzo de formación de las nuevas generaciones. Es la misma educación para todos, y todos tienen el mismo piso formativo. Desde luego, ello potencia las capacidades y el mérito, y el país se beneficia de contar con toda la capacidad de inteligencia disponible entre sus niños y jóvenes.
En Chile, en cambio se desprecia a una parte significativa de la inteligencia disponible por ser pobre. A los educandos pobres se les condena a escuelas públicas, cuyas características son conocidas por todos, las que determinan su futuro de modo definitivo. A ello contribuyen todos los actuales prestadores de educación. Es más, la segregación actúa de modo muy eficaz, de acuerdo a los niveles de ingreso: colegios públicos para los más pobres, colegios subvencionados según ingreso para los estratos medios y colegios de excelencia y privados para los más ricos.
El amplio espectro de los colegios subvencionados, en tanto, también estratifica según las condiciones de ingreso o ubicación, porque no es lo mismo un colegio de clase media de una comuna muy populosa, que uno de un barrio de mayor ingreso. Recordemos que los barrios chilenos están drásticamente estratificados por el ingreso, factor que se acentúa según la magnitud de la concentración urbana. Cuanto más grandes es la ciudad mayor es la diferenciación social de los barrios que la integran.
Potenciar una educación pública, laica y gratuita es la única posibilidad de integrar a nuestro país, y potenciar una idea nacional. Es la forma de producir un país donde todos se sumen al esfuerzo del desarrollo y aporten con sus capacidades, no importando su extracción social. Es la manera de que la educación deje de ser un buen negocio para convertirse en un instrumento fundamental y trascendente para hacer país.
Es lo que permitirá que los más pobres sientan efectivamente que la educación es la verdadera oportunidad para lograr un lugar digno en la vida y en la sociedad. Es lo que permitirá a las clases medias sentir un desahogo frente a la constante presión económica de servicios educacionales de alto costo, cuyos resultados en definitiva no son los mejores en términos de la calidad y los resultados académicos esperados.

EL SENTIDO GENUINO DE LA POLITICA

Danny Monsálvez Araneda


Días atrás apareció una encuesta que reiteraba la desafección de los chilenos con la política. Nada nuevo, más bien aquello es el resultado del desprestigio en el cual ha caído la política, que en el fondo no es otra cosa que la tendencia a la despolitización, desideologización de la sociedad, de sus discursos y prácticas, y por otro lado, una concepción (equivocada) que se tiene de la política, al pensar que esta es igual o se circunscribe sólo al juego “institucional”.
Al respecto, la política dice relación como señala Norbert Lechner con la conflictiva construcción de un orden deseado, en el cual un papel fundamental lo constituye la facultad del pensar y hacer colectivo; es decir, como apunta Zygmunt Bauman siguiendo a Castoriadis, la libertad individual solo puede ser conseguida y garantizada a través de un trabajo colectivo.
Lo anterior implica entender que la política esta directamente relacionada con la construcción de sociedad; para aquello, los sujetos requieren preguntarse sobre lo por construir (proyectual). En otras palabras y siguiendo a Tomas Moulian, la política es un campo de luchas y disputas sobre la configuración y constitución de los ordenes sociales y usos del poder, de ahí la importancia de las ideologías (las no excluyentes) las cuales permiten la racionalización de los conflictos para transformarlos en poder puro, es decir, en conflictos trascendentales que tienen que ver con ideas y proyectos de sociedad.
Por ello, la construcción de una sociedad implica intervenir sobre su propio desarrollo y aquello dependerá de la (auto) imagen que se tenga de sí misma; es decir y retomando a Lechner: “solo una sociedad que disponga de una imagen fuerte del nosotros como actor colectivo, se siente en poder de decidir la marcha del país”. De ahí que una de las tareas de la política sea acoger las esperanzas, molestias, inquietudes de los sujetos. En otras palabras, una sociedad que no se cuestiona, que no dialoga del sentido (proyectual) que pretende tener la convivencia actual, esta renunciando a la política como objetivo de construir una comunidad de sujetos.
(Columna de opinión (original) publicada en El Diario de Concepción, sábado 22 de enero de 2011).

Ese (nuevo) fetiche llamado ciudadanía

Danny Monsálvez Araneda

Cada cierto tiempo y en determinadas coyunturas irrumpen algunas modas discursivas y conceptuales, que intentan “expresar” ideas, proyectos y anhelos personales y sociales, pero que a la hora de un análisis más concienzudo se convierten generalmente en peroratas vacías de cuerpos analíticos (verborrea y fraseología). Uno de aquellos conceptos de moda es el de “ciudadanía”. Entonces, como ya no se habla de pueblo, sectores populares, subalternos o bajo pueblo; al parecer hoy resulta más práctico y simple aludir a la ciudadanía como una generalidad
El tema-problema en cuestión no es si la alusión a la ciudadanía esta bien o mal, el punto pasa por la (in)capacidad que se tiene de poder explicar conceptualmente que se entiende cuando se habla (a nombre) de la ciudadanía; es decir, ¿se tiene realmente idea tanto en la discusión como en el desarrollo de lo que significa e implica aquel concepto?.
Algunos ejemplos: el gobierno constantemente expresa que esta abocado a trabajar para resolver los problemas de la ciudadanía; conjuntamente, determinados dirigentes de oposición argumentan que la derrota de la Concertación se debió a que ésta le dio la espalda a la ciudadanía, por lo tanto lo que hay que hacer es (nuevamente) reencantarla, y en último caso están los (auto) denominados “nuevos referentes” políticos y sociales, y más de algún “redentor” ciudadano que al alero de la crítica al sistema institucional, intenta erguirse como la voz o canalizados del malestar ciudadano. Peor aun, sobre la base de un par de expresiones rebuscadas y grandilocuentes, bien comulgando y subiéndose a cuanto carro de demanda y protesta “ciudadana” emana, se pretender hacer creer que se cuenta con la autoridad para dictar cátedra de lo que se debería o no hacer en materia “ciudadana”.
Por último, si tanto gusta hablar de y en nombre de la ciudadanía, no estaría de más realizar un pequeño ejercicio y explicitar si cuando se alude a la ciudadanía (a parte de conceptualizarla), lo hacen por ejemplo desde la noción civil, política o social, bien de todas o ninguna de ella.
(Columna de opinión publicada en El Diario de Concepción, martes 11 de enero de 2011, p. 2.)