Danny Monsálvez A.
El domingo 20 de junio, nos enteramos a través de la prensa que el Jefe de Educación Superior del MINEDUC, entregaba algunos detalles de lo que el actual gobierno desea impulsar en cuanto reforma al sistema Universitario. Entre ellos se alude una nueva institucionalidad, financiamiento, créditos, becas Chile y terremoto.
El punto es que como de costumbre, las cosas se anuncian por la prensa y se instalan los lineamientos sobre el cuales hay que comenzar a dialogar. En ese sentido, la reforma que propone el gobierno de Sebastián Piñera, apunta -por ejemplo- a algunos temas sumamente delicados: se pretende reunir a “todas” las universidades del país en una única institución. Lo anterior, bajo la política que propone la OCDE. En segundo lugar, un financiamiento que apunte a la entrega de recursos a través de fondos concursables donde todos los planteles participen.
Al respecto, el mundo de la academia, específicamente el mundo de la Universidades del Consejo de Rectores, pero específicamente sus rectores, académicos, alumnos y funcionarios deben estar atentos ante esta arremetida que pretender llevar adelante el gobierno, al situar a “todos” los planteles universitarios en un mismo nivel, “omitiendo” con ello -entre otros aspectos- el trascendental aporte que las Universidades tradicionales han hecho y hacen al país.
La Universidad no es solamente un grupo de sujetos sentados en una sala de clase, bien figurando en los medios con una que otra actividad de extensión o firmado convenios de “asistencia” con algunas reparticiones estatal o privada. Una Universidad que se considere como tal debe desarrollar un nivel superior de docencia (pre y postgrado), investigación, publicación, difusión, extensión y un estrecho compromiso con su medio social; pero además de aquello, debe ser un espacio pluralista, tolerante, abiertos al debate y crítica; una autentica unidad, pero basada en la pluralidad, diversidad y no una especie de “guetto”, o bien al servicio de determinados grupos de poderes (formales y fácticos) económicos o religiosos que buscan a través de la educación, la formación de sus propias elites para de esta forma llevar adelante su hegemonía en la sociedad.
Ante esta iniciativa gubernamental, la academia debe sacudirse del letargo, informarse y promover un auténtico debate de ideas, que surja desde y para la academia y no que un grupo de políticos (funcionarios), tecnócratas o llamados especialistas vengan a imponer su propia visión de cómo hacer Universidad. Aquí no se trata de un peso más o un peso menos, sino que llegó la hora que el Estado asuma el compromiso con la educación y no siga ahogando a las Universidades bajo un sistema de financiamiento que cada día avanza más hacia su privatización y mercantilización.
(Columna de opinión publicada en El Diario de Concepción, jueves 1 de julio de 2010, p. 2.
