lunes, 19 de enero de 2009

A PROPÓSITO DE UNA RESPUESTA: UNA CONTRIBUCIÓN AL DEBATE.




Sebastián Jans


En la entrevista efectuada al Prof. Mario Waissbluth, en Radio Inés de Suarez de Concepción, 23/12/08, (se puede oir en el sitio web www.educacion2020.cl), envié vía correo electrónico una pregunta con una fundamentación previa. En la fundamentación previa indiqué textualmente: “Hay un nudo ideológico en el debate sobre la educación chilena, que es muy difícil de resolver. Pero, también, hay un nudo mercantil. Los proyectos educacionales verdaderamente nacionales siempre han descansado en un proyecto de país, que se ha consensuado sobre la base de un pacto social. Las bases del actual sistema educacional siguen descansando en la arbitraria imposición de la fuerza, ya que proviene en sus fundamentos de un régimen dictatorial. Eso tiene que ver con el nudo ideológico. Esa imposición arbitraria, que la democracia ha sido incapaz de enfrentar, provoca un resultado económico. Y ahí se ata el nudo mercantil. Este sistema ha creado riqueza para no pocos en la venta de servicios educacionales, entre ellos los colegios dependientes de la Iglesia Católica.
Aquellos que han hecho un excelente negocio ¿que interés pueden tener en cambiar las reglas del juego, permitiendo que colegios públicos, hoy pauperizados y haciendo un servicio de muy mala calidad, entren a competir un mercado que los colegios religiosos o aquellos que buscan el lucro en este momento tienen cautivo? Al hacer esta pregunta, tengo presente que, hace treinta años y más, los colegios públicos de calidad captaban a los mejores alumnos, y los alumnos menos exitosos terminaban en la escuela privada o en la escuela religiosa”.
La respuesta del Prof. Waissbluth me pareció absolutamente coherente con los planteamientos que ha venido sosteniendo, las cuales comparto en gran medida, pero creo necesario hacer una extensión aportativa al sentido de mi consulta toda vez que, efectivamente, hay una cuestión de mayorías que resolver, y que en la respuesta dada no me pareció satisfactoria.
Posiblemente, en definitiva, la respuesta a la pregunta que formulara el suscrito sea que hay que movilizar a la ciudadanía a favor de los cambios que la educación necesita. Para ello hay que hacer conciencia – aumentar el consenso en el diagnóstico y, probablemente aumentar el diagnóstico - y convocar a todos los directamente afectados (padres y apoderados, educandos, educadores, etc.). Cuando vastos sectores de nuestra sociedad se expresen con fuerza, de manera concreta, no virtual, se habrá producido un movimiento ciudadano capaz de hacer comprender a nuestra clase política de la necesidad de consensuar la más pronta solución.
Si algo ya importante ha permitido Educación 2020, es vislumbrar un consenso ciudadano respecto de lo obvio que dice relación con la formación de los docentes, como causa central en la mala calidad de la educación. A ello se suma la perniciosa señal que manda el mercado respecto a la aspiración de ingreso para aquellos que querrían hacer docencia, especialmente en las escuelas públicas. Un aspecto no menor lo constituye por cierto la mala calidad formativa de quienes tienen la administración de los colegios públicos. Ese consenso tiene que ver con el diagnóstico, no con la solución.
Para aventurarnos en el consenso de la solución, hay que reconocer que esto es consecuencia de un diseño político estratégico heredado y de la evasión política de quienes han estado llamados a enfrentar las causas de fondo que afectan a la educación chilena. No creo que esa evasión tenga que ver con lenidad, sino que esencialmente por la presión de actores interesados en no provocar cambios estructurales, ya que los beneficios del actual sistema para ellos son enormes, a pesar de los pobres resultados en la calidad. Si no fuera así no habría escuelas de profesores “chantas” ni colegios “chantas”, publicitariamente muy bien posicionados.
¿Será que el desafío inmediato esté en construir la expresión ciudadana de insatisfacción, antes de buscar un consenso que nadie con poder de decisión quiere, por ahora, ver como urgente? Al fin y al cabo, los movimientos sociales están para problematizar, y la clase política para buscar las soluciones con arreglo al carácter de las demandas y a la realidad de los intereses en juego. Por lo menos, eso es lo que enseña la historia de los protagonismos ciudadanos y eso es lo que debiera consolidarse decididamente frente a este grave problema nacional. Tal vez, mi preocupación puntual sea que, como tiende a ocurrir, es que los movimientos sociales que hoy puedan denunciar las falencias de nuestro sistema educacional se politicen antes de lo previsto, a través del concurso de sus líderes en un tipo de solución, antes que el diagnóstico sea socializado y consensuado en el protagonismo social y ciudadano. Suele ocurrir que los movimientos ciudadanos terminen en otra cosa, mucho antes de lo esperado.
Puestos en la perspectiva de la búsqueda de un consenso para resolver la mala calidad educacional, tenemos una clase política, que más allá de las estridencias de lo contingente, ha sabido dar respuestas consensuadas frente a situaciones límites. El tema es que no siempre tiene la capacidad de percepción frente a los linderos de las situaciones. Y para que haya una claridad en la percepción se requiere que haya una expresión social efectiva de descontento. Fuera del libreto cotidiano, por las puertas de nuestro sistema político solo entran las crisis desatadas. Entraron los pingüinos con su descontento, para que recién hubiera un reconocimiento a la gravedad de la educación emanada de la LOCE. Entraron los camioneros para pedir la eliminación del impuesto específico a los combustibles. En fin, casos citables pueden haber muchos.
Y creo que también el esfuerzo está en la posibilidad de consensuar dos tercios en este país, para resolver el nudo ideológico de la educación. El desafío está en aislar las posiciones de ultranza ideológica y superar la conducta patricia que impera en las estructuras de poder de nuestra sociedad. Un consenso nacional de mayorías es la posibilidad de desatar el nudo ideológico, y eso debiera ser una aspiración primera para lograr cualquier cambio.
Un consenso de mayorías, el 66% y más, a favor de una educación de calidad para todos, considerará sin duda los intereses diversos. Así se puede desatar el nudo mercantil. El sistema debe aceptar la educación privada con sus particularidades más complejas, incluso la meramente comercial, es decir, aquella que existe por el lucro. Sincerada por cierto. El sistema debe considerar un sector subvencionado, claro que sí. Pero lo que se subvenciona es el alumno no el colegio. El colegio privado que reciba subvención es un prestador que debe estar calificado para ello en términos docentes y financieros. En caso contrario no está colaborando al sistema, sino que se está sirviendo de él. Y el sistema debe considerar un sector público en igualdad de condiciones con el resto de los sectores que prestan servicios. Ello significa que los docentes y los directores tengan, a lo menos, las mismas condiciones de remuneración, independientemente del sector en que ejerzan.
Corresponde al Estado, y a nadie más que al Estado, asumir el liderazgo de un proyecto educacional de país, que supere las falencias que el mercado, con sus distorsiones, impide que la educación cumpla con su objetivo superior, en función del desarrollo nacional y la realización de las personas, según sus méritos y capacidades, sin importar el origen social de cada persona. Eso implica un proyecto de educación nacional, que busque una respuesta integral a los desafíos del conocimiento y del desarrollo, para el bien del país y de las personas.

Educación y Principio de Subsidiariedad



Carlos Leiva Villagrán

El principio de subsidiariedad, idea fundamental de la construcción económica y social que emprendiera el régimen militar chileno, sostiene que el Estado debe concebirse como una entidad superior que se constituye básicamente a partir de la concurrencia de los seres humanos individuales y de los grupos intermedios que éstos crean, partiendo por la familia y continuando por las agrupaciones y empresas de diversa magnitud, hasta llegar a conformar al Estado. Bajo esta visión, las agrupaciones superiores o más complejas existen sólo para cumplir los fines que las inferiores no pueden realizar, por lo que se justifica la prescindencia casi absoluta del Estado en las actividades económicas y en buena parte de las actividades sociales que pueden ser llevadas a cabo por empresas privadas.

Este principio, fundamental también en la Doctrina Social de la Iglesia, quedó expresamente descrito en la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno proclamada el 11 de marzo de 1974, y a partir de ahí, constituyó la piedra fundamental del entramado constitucional, económico y social que transformó a Chile en un país modelo de la aplicación del neoliberalismo.

No resulta difícil encontrar la asociación de este principio con el desmantelamiento que efectuó el régimen militar de las funciones sociales que hasta principios de la década del 70 del siglo pasado eran abordados, bien o mal, por el Estado, tales como la previsión, la salud y la educación. A partir de cierto momento, los recursos que se generaban desde los privados y desde la Caja Fiscal para el uso social del Estado, fueron reorientados hacia entidades privadas como las AFP, las Isapre y establecimientos educacionales no estatales, cumpliendo con el principio de subsidiariedad, que establece que el Estado, como entidad superior, no debe hacerse cargo de estas gestiones si ellas pueden ser realizadas por entidades inferiores. Evidentemente la reorientación de los fondos no llegó a entidades tan inferiores como las personas o las familias, sino a otras más intermedias como son las empresas, muchas de ellas hoy de gigantescas dimensiones, que han podido bien lucrar y recibir privadamente los beneficios de su actividad, con discutibles niveles de calidad.

Si se mira bien, el principio de subsidiariedad parte de considerar al hombre como un Robinson Crusoe en su isla, tal como la teoría económica parte del “homo economicus” separado del mundo, o como alguna teoría del derecho natural supone que los hombres se unen al modo de átomos y conforman el Estado para proteger derechos que supuestamente tendrían desde siempre (los derechos del hombre le fueron dados por el Creador, decía la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974). La abstracción del hombre solo, aislado de la sociedad, como fundador de derechos, fuente del principio de subsidiariedad, ha sido el pilar de los movimientos ideológicos del neoliberalismo, que en la práctica aspiran a la desaparición del espacio público, fagocitándolo vía privatización. Bajo esta concepción, la acción del Estado será regularmente una intromisión y un atentado a la libertad de los individuos, salvo que se fundamente en el principio de subsidiariedad.

Nada más ajeno que este principio, para el ideario republicano y laico que gestó a la sociedad moderna. Lejos está del republicanismo concebir al hombre como un individuo originalmente aislado y que tiene derechos anteriores y exteriores a la sociedad política. Para el ideal republicano, en que el hombre es esencialmente social, es la voluntad política de los ciudadanos la que crea la norma y la ley, de donde el hombre obtiene su libertad. Es la ley, manifestación de la voluntad ciudadana, la que permite superar el estado de natural sujeción de los débiles frente a los poderosos, sustituyéndolo por un orden que protege a todos por igual.

El Estado moderno sucede revolucionariamente a las monarquías absolutas en el mundo occidental, a partir del siglo XVIII, creando un espacio público donde ya no tienen cabida los privilegios de la nobleza y del clero, y donde sí cabe la consideración de hombres libres e iguales, creada y garantizada por un Estado, expresión de la soberanía popular, sin el cual no hay libertad ni igualdad. Fue con la consolidación del ideal republicano en el mundo occidental, al que es consustancial el laicismo, cuando se estableció la instrucción generalizada como la vía para garantizar en el tiempo la mantención de las condiciones de libertad e igualdad, que habían sido costosamente conquistadas, arrebatando los privilegios de la nobleza y el clero. La educación que era impartida por el clero en Europa hasta el siglo XVIII, pasó a ser pública y tarea preferente del Estado, asegurándose de este modo que el conocimiento llegaría a los más amplios sectores posibles, que la enseñanza sería un factor integrador y unificador en la población joven, que el Estado crearía un espacio para que la juventud fuera instruida al margen de dogmas y sectarismos, todo lo cual debía ser garantía para la pervivencia de los valores republicanos y de la propia República. Lo que pasó a ser "subsidiario" con la República fue la educación privada, laica o religiosa, a la que se le reconoció el derecho a existir, financiada con sus propios recursos, como corresponde a una concepción política que ejercita la tolerancia y que respeta la diversidad en el desarrollo de las actividades de la sociedad civil.

La vida republicana en nuestro país, en el siglo XIX, significó crear un espacio público para la realización de los derechos proclamados por los libertadores americanos, herederos de la Ilustración europea, marco en el cual se desarrolló un proceso progresivo de ampliación de la educación pública. Para la concepción republicana, lo público no es aquello que no pueda abordar lo privado, como nos ha legado la ideología neoliberal, sino que es esencialmente aquello que es del común interés de todos. Precisamente aquello que nos ha pretendido escamotear el principio neoliberal de la subsidiariedad, enquistado en nuestras instituciones y aún en nuestras conciencias (tal que lo público para muchos, y especialmente en jóvenes criados bajo su doctrina, no merece siquiera la molestia de concurrir a votar una vez cada dos o tres años).

La enormidad de consecuencias que ha acarreado la proposición maestra llevada a cabo por los "ideólogos" del neoliberalismo, no ha sido puesta seriamente en tela de juicio en nuestra sociedad, después de 20 años de recuperación de los procedimientos democráticos. La vida política se ha desarrollado, en la práctica, aceptando el rol subsidiario del Estado impuesto por la ideología neoliberal, sin insinuar seriamente la posibilidad del desmontaje de la inmoral apropiación y privatización de beneficios que tal política ha significado.

Por ello, cuando como sociedad civil y política estamos redefiniendo la estructura de nuestro sistema educacional, para restablecer las condiciones que permitan asegurar una instrucción generalizada de alta calidad para nuestra juventud, parece oportuno concurrir a debatir y denunciar el principio filosófico político que fundamentó la organización educacional de corte neoliberal vigente, esto es el principio de subsidiariedad, y levantar la restauración de la concepción republicana de la educación.